Otura

La Administración autonómica considera contrario a la legalidad urbanística que el municipio destinara al pago del solar los recursos procedentes de la enajenación del patrimonio municipal.

Otura 26-octubre-2008 Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía han recurrido ante el juez el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Otura que dio luz verde a la operación de compra de un solar para la ampliación de las dependencias municipales, una operación que costó casi el doble de lo tasado por los técnicos y que además contó con el informe contrario del secretario y la interventora.

La administración autonómica ha presentado un recurso en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 4 de Granada contra el acuerdo alcanzado en el pleno del pasado 26 de octubre de 2007, por el que se aprobó el expediente de adquisición de los terrenos en la calle Cruz, justo a la espalda del consistorio de Otura y por el que se ha pagado a la promotora Docasur SL un total de 300.000 euros, más los impuestos indirectos aplicables. La operación está muy por encima de un estudio pericial realizado por los técnicos que tasaban dicha parcela en tan sólo 188.098 euros.

Si la adquisición, mediante procedimiento negociado sin publicidad, que se cerró ante notario el 15 de febrero de 2008, ya de por sí resultó controvertida, la forma de pago -a través del dinero procedente de la enajenación de parcelas propiedad municipal- ha llevado a la Junta de Andalucía a tratar de anular un acuerdo que sólo fue respaldado por el gobierno municipal integrado por PP y el Grupo Independiente de Otura (GIO).

El alcalde, Ignacio Fernández-Sanz (PP), justificó la operación en la falta de espacio para el desarrollo de las funciones de los trabajadores. La situación, según expuso en la comisión informativa previa al pleno, es, aún hoy, "insostenible e insoportable". "Los concejales no disponen de despachos con un mínimo de decoro y privacidad e incluso aún no se ha podido dotar a los grupos municipales de unos despachos para el ejercicio de su labor", subrayó entonces.

La ampliación del Consistorio era una vieja aspiración de los gobiernos anteriores aunque también fracasaron en su intento de adquirir una parcela. El alcalde informó que se había desechado una oferta de un solar mejor situado, en la misma plaza del Ayuntamiento, pero con menos metros cuadrados, por considerar "abusivo" el precio solicitado por el propietario, en torno a 900.000 euros.

En dicha comisión y luego en el pleno, el grupo municipal del PP, con el apoyo de su socio de gobierno, explicó que la operación se iba a financiar con cargo a las obligaciones adquiridas por la entidad mercantil Urbanizadora Santa Clara SL. En virtud a un acuerdo suscrito en septiembre de 2005, la citada empresa tiene pendiente de asignar al Ayuntamiento 1,2 millones de euros.

Tanto los concejales del PSOE como el edil de IU solicitaron en su día que el asunto se quedara sobre la mesa teniendo en cuenta que la operación se iba a realizar con los informes desfavorables de los técnicos municipales. Igualmente advertían de la posibilidad de que la administración autonómica anulara la compra teniendo en cuenta que la fórmula elegida puede ir en contra de lo que establece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Pese a los reparos, la adquisición se llevó a cabo e incluso se han iniciado los trámites para proceder a una modificación puntual de las normas subsidiarias al objeto de dar mayor edificabilidad al solar, en concreto una altura más, lo que, a juicio del gobierno municipal, revalorizará no sólo la zona sino también el edificio

 El PSOE de Otura había presentado previamente Recurso de Nulidad

La portavoz municipal socialista, Lydia Medina aclaró que el grupo socialista no se opone a la ampliación del Ayuntamiento ya que la considera necesaria “siempre que se haga ajustándose a la legalidad “, por lo que su grupo votó en contra y presentó un recurso de nulidad.

El grupo socialista, analizado todo el expediente para la adquisición del solar, señaló que es “llamativo” que el solar, colindante al Ayuntamiento, esté valorado en 188.098,63 euros pero el precio de compra es de 300.000 euros, por lo que su portavoz se pregunta dónde irá a parar la diferencia entre su valor de mercado y los 300.000 euros, acordados entre PP y GIO, una diferencia que los mismos técnicos destacan como “muy notoria y no justificada en el expediente”. Asimismo, según el informe técnico, en el ejercicio presupuestario de 2007 no hay consignación adecuada y suficiente para poder afrontar esta compra, que ya se ha realizado.

Además, Medina destacó que en uno de los informes emitidos se detalla que los ingresos para efectuar el pago forman parte del Patrimonio Municipal de Suelo y no pueden destinarse a esta finalidad. Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de su gabinete jurídico, está estudiando la posibilidad de impugnar este acuerdo, por no ser ajustado a derecho, según afirmó.

Para la portavoz socialista es “incomprensible” la actitud que está manteniendo el equipo de gobierno ya que podría estar incurriendo en un grave delito y además “no puede alegar desconocimiento ya que ha sido advertido por tres técnicos del Ayuntamiento y tanto PP como GIO han hecho caso omiso a dichas advertencias”.

Del mismo modo, el PSOE en el recurso de nulidad se pregunta si el Ayuntamiento ha realizado un estudio sobre las necesidades de nuevas instalaciones para que el personal del Ayuntamiento desarrolle su trabajo o si ha contemplado la posibilidad de conservar en el edificio actual ciertas funciones del municipio y desplazar otras a un edificio diferente no necesariamente colindante.

La portavoz socialista exigió al alcalde, Ignacio Fernández, que explicase a la ciudadanía los motivos de esta adquisición y que aclarase los aspectos que no se ajustan a la legalidad. “El alcalde está sumando poca transparencia a numerosos asuntos urbanísticos y debe estar muy nervioso por las graves denuncias que ha recibido por parte de un empresario de la construcción, pero no hace nada para esclarecer la gestión urbanística que está llevando a cabo y mantiene una actitud oscurantista a la hora de administrar el dinero de los vecinos y vecinas de Otura”, concluyó.